EDITORIAL 07-05-04

                                                          Situación alarmante

El asesinato de casi toda una familia en la ciudad de El Progreso, supuestamente perpetrado por integrantes de una “mara”, aumenta el estado de alarma y la situación de inseguridad en que vive la población hondureña.

Este espantoso asesinato múltiple, cuyas cinco víctimas –la madre y cuatro hijas—cayeron abatidas en su casa de habitación por las balas de seis pandilleros jóvenes, quienes aparentemente actuaban por encargo, pone de manifiesto la falacia de la policía, cuya propaganda diaria está orientada a convencer al público de su pretendida eficacia en el combate contra la criminalidad.

Lo cierto es que –independientemente de algunos éxitos en la lucha contra el narcotráfico, que más bien corresponden a la policía internacional—en nuestro país los asaltos y robos en la calle y en las residencias, a todas horas del día y de la noche, han proliferado.

Esta angustiosa situación no se refleja en las informaciones de los medios de comunicación debido a la notable manipulación informativa por parte de la Secretaría de Seguridad, con la aplicación de abundantes recursos para tal objetivo, y a la desviación de la atención pública hacia los temas del terrorismo y del narcotráfico, que son problemas atendidos en escala mundial.

Estos hechos, como el suceso de El Progreso que comentamos, nos obliga a hacer un alto en el camino y tratar de mirar a través de la espesa cortina de humo de la propaganda oficial, en la que también figura la exaltación del irrespeto a los derechos humanos y a la inconstitucionalidad con la publicitación de la famosa Ley Antimaras, cuya aplicación no ha resuelto ni podría resolver el fenómeno del pandillerismo juvenil y, por el contrario, ha agravado los problemas  de hacinamiento y la violencia en los centros penales.

Resulta de todo esto que el combate contra la violencia y la criminalidad en Honduras, para lo cual se destinan cuantiosas partidas presupuestarias y que va afianzando el establecimiento de un régimen policial opresivo y autoritario, ha derivado en un rotundo fracaso y en la creación de mayor desconfianza de la nación hacia los organismos de seguridad del Estado.

Consideramos que ha llegado el momento en que debe hacerse una evaluación seria e independiente de lo que está ocurriendo en el campo de la seguridad interna de nuestro país, pues la situación es cada vez más alarmante. Los métodos empleados para crear una imagen exitosa de la acción policial merecen análisis concienzudos.

La mayoría de las personas que son objeto de asaltos y vejaciones por parte de pandilleros de toda laya –y que oficialmente siempre los adjudican a los “mareros”—prefieren guardar silencio por miedo a que las maten o a que sus familiares puedan ser objeto de fatales represalias.  Casi nadie quiere, por ejemplo, colaborar en la elaboración de los “retratos hablados” por desconfianza en las mismas autoridades.

Y, para colmo, cuando se presentan hechos escandalosos como el de la masacre en la granja penal El Porvenir, de La Ceiba, o la destrucción de evidencias bajo la custodia de la policía para impedir la acción de la justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales de delincuentes, el sistema judicial parece confabularse para perpetuar la corrupción y la impunidad.